Ayer lunes, la escritora Almudena Grandes expresaba su profundo malestar por que sigan utilizándose crucifijos en los actos oficiales y por que el Tribunal Supremo haya eximido a la iglesia católica de borrar del Libro de Bautismo a los apóstatas, es decir, a los que han renunciado a su fe, con el absurdo argumento de que los bautizados no están ordenados  alfabéticamente.   

No le falta la razón a la escritora madrileña, pues un estado aconfesional, como el español, debe garantizar la libertad de conciencia  de sus ciudadanos. Y no lo hace cuando mantiene, por la fuerza de la tradición, el crucifijo, símbolo de la religión católica, por ejemplo, en el acto de nombramiento de ministros del reciente gobierno de Zapatero, máxime cuando la mayoría de éstos, por no decir todos, no juraron su cargo sino que lo prometieron.  

Pero menos respeto manifiesta el estado español hacia sus ciudadanos laicos cuando no obliga a la iglesia a borrar de sus archivos a los que libremente han renunciado a su fe. Es como si nos diéramos de baja en un sindicato o en un club y éste se negara a concedérnosla. Vamos, un sin sentido, aunque en el caso de la iglesia católica más bien es un privilegio que sigue gozando desde épocas pasadas, en que era obligatorio estar bautizado.