Internet es sin duda el mayor espacio de libertad para los ciudadanos de todo el mundo. A través de la red, se puede acceder a informaciones ofrecidas por los diferentes medios de comunicación; podemos obtener documentación sobre cualquier autor, ciudad, país…; se pueden hacer copias de discos, libros, películas…
Al ser gratis este acceso, una vez pagada la cuota correspondiente, Internet actúa, a mi entender, como elemento nivelador de las diferencias sociales y económicas. Me refiero a que las personas, que no tengan suficiente dinero o no se puedan permitir el gasto de comprar un disco o un libro, pueden bajárselo de Internet.
Sin ir más lejos, este fin de semana, como no logré encontrar, en varias librerías de Córdoba, un ejemplar impreso de “El guardián entre el centeno” de Salinger -próximo libro sobre el que vamos a hablar en el Club de Lectura-, me ha bastado con teclear en Google el título, para acceder a una versión digital del mismo.
Pero, por otro lado, están los derechos de los autores. En los últimos días, se han publicado, en los medios de comunicación, artículos de opinión, firmados por conocidos escritores, donde defienden el derecho a recibir un dinero por su trabajo. Pongo dos ejemplos:
El lunes de la pasada semana, Almudena Grandes escribió, en El País: “Con ellos –se refiere a sus derechos de autora- puedo comprar comida y ropa, pagar la hipoteca, la factura de la luz, el teléfono. Gracias a ellos, sobre todo puedo escribir. Si desaparecieran, tendría que buscarme otro empleo.”
El martes, en el mismo periódico, Rosa Montero llamaba la atención sobre un viejísimo prejuicio contra el trabajo intelectual: “todo el mundo entiende que tiene que pagar una máquina, pero lo de pagar una idea no termina de entrarnos.”
No le falta razón a ninguna de las dos escritoras; tampoco a los que defienden las descargas libres. Por eso, habría que buscar un punto de encuentro entre la libertad de acceso a los contenidos de Internet y los derechos de los autores; un punto de encuentro donde armonicen las dos posturas y que deberá recoger necesariamente el proyecto de ley de la ministra de cultura.